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En una finca del Este detectaron hacinamiento de obreros y trabajo infantil . Escuchalo lo que nos dijo el Subsecretario de Trabajo, Ariel Pringles, en nuestro programa, " Todas las Campanas".
"Habría que pensar que Mendoza queremos"dijo el Subsecretario del Trabajo.
Los viñedos pertenecen a la firma Gipsyes SA y, según se verificó, los cosechadores viven allí amontonados y sin las condiciones mínimas de higiene y de seguridad. Sin embargo, el encargado del lugar y algunos de los cosechadores salieron a defender su trabajo, restaron dramatismo al asunto y aseguraron que "acá no hay explotación ni ningún niño trabajando".
La finca Gipsyes SA tiene 120 hectáreas de viñedos, pertenece a Eduardo Llaver y está ubicada en calle Suárez, a unos siete kilómetros al norte de la ruta 7, en Santa Rosa.
Allí, y en un operativo realizado con las primeras luces de la mañana de ayer, la Subsecretaría de Trabajo labró varias actas de infracción: "Había 45 personas en una casita pequeña, sin servicio de agua potable, sin servicio médico, con pésimas instalaciones de los sanitarios y sin electricidad. Además se encontró a 20 niños en un galpón, también en pésimas condiciones de higiene y seguridad".
En otra de las actas de infracción se deja constancia que se encontró trabajando a un niño de 12 años, a otros tres de 15 y a cinco de entre 16 y 17 años, sin autorización. Además había un bebé de 9 meses y dos niños de 2 y 5 años que acompañaban a sus padres en las hileras de viñedos, mientras ellos cosechaban, lo que representa un gran riesgo para los menores".
Ariel Pringles, titular de la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza explicó que "los encargados de estos viñedos obstruyeron la tarea de los inspectores, que hubo gritos, amenazas y que muchas personas escaparon por los viñedos, pensando que iban a perder su trabajo, cuando lo que nosotros hacemos es velar por sus derechos y para que se les pague lo que manda la ley".
Pringles calificó lo del trabajo infantil como "realmente grave" y explicó que "aunque muchos lo defienden con la excusa de que se trata de un asunto cultural, es una barbaridad que hay que perseguir y sancionar".
El funcionario agradeció las denuncias telefónicas que reciben y aseguró que irán a la Justicia: "A través de la Subsecretaría de Derechos Humanos vamos a hacer la denuncia penal correspondiente. Lamentablemente, hay empresarios inescrupulosos que creen que la variable de su ganancia pasa por contratar menores o a gente con mucha necesidad".
Fuente: Diario Los Andes.
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