Este miércoles, se reunirá al menos con dos ministros pero su prioridad en la Ciudad Autónoma es ir definiendo los invitados peso pesado de la política que llegarán a la Vendimia.
Tras el fin de semana largo por el Carnaval, el gobernador Paco Pérez retomará la agenda de gobierno este miércoles en Buenos Aires. Se reunirá al menos con dos ministros pero su prioridad en la Ciudad Autónoma es ir definiendo los invitados peso pesado de la política que llegarán a la Fiesta de la Vendimia.
La obsesión de Pérez es tener en uno de los actos oficiales de la tradicional fiesta de los mendocinos a la presidenta Cristina Fernández. La ocasión para la presencia más esperada no sólo por el gobernador sino por todo el oficialismo provincial sería el Carrusel de las Reinas, el sábado 3 de marzo, al mediodía.
El vicepresidente Amado Boudou ya confirmó su asistencia a la fiesta central, como gran parte del equipo de ministros de la Presidenta, con el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, a la cabeza. El segundo en la línea de mando y el coordinador de ministros estarán acompañados por el jefe de la ANSES, Diego Bossio, con quien conforman un trío de aliados clave del gobernador mendocino en la cúpula del poder kirchnerista.
Los encuentros que ya tiene pautados Paco Pérez en Buenos Aires para este miércoles tienen como contraparte a los ministros de Salud, Juan Manzur, y de Agricultura, Norberto Yahuar. Con ambas carteras, la provincia tiene programas pendientes de implementación y la presencia en persona del gobernador en los despachos de los ministros buscará acelerar los aportes nacionales en ambos rubros.
El seguro de salud
Uno de los planes más ambiciosos del gobernador Pérez es el denominado seguro provincial de salud, con el que el Estado le daría cobertura al 40% de la población que no cuenta con cobertura de obra social ni medicina prepaga. Es central para poner en marcha aunque sea una prueba piloto del plan sanitario el financiamiento, aspecto en el que hay un compromiso del ministro Manzur con la provincia.
En ese plan colabora el médico Luis Pérez, especialista que trabaja para el Banco Mundial, un organismo que podría participar de la experiencia piloto con la que piensa adelantar Paco Pérez la implementación del seguro de salud. Para el mandatario, la importancia de este plan es vital para su gestión en el área de Salud, una de las más conflictivas para la gestión del ex gobernador Celso Jaque, como para su proyección nacional.
Esto último porque si funciona el plan como está pensado desde su concepción, sería Mendoza la primera provincia del país en asegurar la atención de la salud de toda la población. De todos modos, para poder poner en marcha la prueba del seguro de salud todavía falta aceitar los mecanismos de financiamiento, para lo cual es de suma importancia la intervención que tenga el Ministerio de Salud conducido por Mazur.
Asistencia para emergencia agropecuaria
En otro orden, Pérez visitará al ministro de Agricultura para asegurarse la llegada de asistencia para los productores mendocinos que fueron afectados por distintas inclemencias climáticas. Norberto Yahuar fue uno de los ministros que llegó a Mendoza en las últimas semanas y comprometió la ayuda nacional para los damnificados por consecuencias de fenómenos climáticos.
De Vido, en la mira por Los Blancos
La obra pública es otra de las obsesiones del gobernador Paco Pérez que está atada en buena medida a la suerte que corra Mendoza en el reparto nacional. El mandatario tiene intenciones de encontrarse este miércoles con el ministro de Planificación, Julio De Vido, dueño de la lapicera que define las obras que se hacen con el presupuesto de la Nación.
Pérez tiene inquietud por el futuro de la licitación de la construcción del dique Los Blancos, en el Valle de Uco. Versiones que circularon hacia el fin de la semana pasada auguraban la caída del proceso que está en marcha y tiene a tres ofertas en carrera (Iecsa – Contern, con $4.685.769.487; Cartellone – OAS, con $5.431.378.000, y Pescarmona, con $5.599.000.000), pero las mismas fueron desmentidas por el gobierno provincial.
Sin embargo, una fuente oficial con conocimiento del tema le dijo a este medio que en el gobierno de Pérez son conscientes de la existencia de presiones a nivel nacional de alguna de las empresas involucradas en la licitación. Las dos ofertas con cotización más alta son de empresarios mendocinos.
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Mientras se demora la aplicación del sistema SUBE en el resto del país y el Gobierno nacional continúa quitando subsidios a los servicios públicos, la Provincia saldrá a controlar la recaudación del transporte público en medio de los tires y aflojes con los empresarios nucleados en Autam.
Al parecer, éste fue el compromiso al cual llegaron tanto el Gobierno provincial y los empresarios del transporte, según indicó el secretario del área, Diego Martínez Palau. Desde que comenzó esta gestión, el Gobierno ha dejado entrever la posibilidad de cambiar el sistema de subsidios por kilómetro recorrido a otro sistema que impacta directamente en el usuario del servicio. Sin embargo, ha condicionado toda decisión a las medidas que tome la Nación en cuanto al esquema de subsidios.
Por el momento, se sabe que la implementación del Sistema Unico de Boleto Electrónico está tardando más de lo que el Gobierno nacional hubiera deseado. Según Martínez Palau, Capital y Buenos Aires es el laboratorio para ver posteriormente cómo se aplica en el resto de las provincias. Pero en estos distritos tuvieron que forzar una prórroga para que la gente se aliste en el nuevo sistema. En otras palabras, el mendocino todavía tendrá que seguir recargando la Red Bus.
Sin embargo, esta demora en el nuevo sistema preocupa a los funcionarios y a los transportistas, ya que todavía no se define cómo se subsidiará al servicio y de qué manera impactará en la provincia.
"No sabemos si lo que va a llegar de subsidio será igual, mayor o menor de lo que se recibe con el sistema actual", explicó el secretario de Transporte y subrayó que en este proceso el Gobierno provincial buscará mejorar el contrato existente con Autam. La crítica central del Gobierno apunta a la cantidad efectiva de pasajeros que pagan su boleto, en tanto que las empresas reciben un monto fijo -entre 7 y 8 pesos- por kilómetro recorrido.
En tanto, en Autam defienden el esquema de subsidio actual, al que consideran "perfectible". "Queremos colaborar con el Gobierno para que el sistema funcione mejor", indicó el gerente técnico de Autam, Oscar Razquin.
Por eso, el Ejecutivo ha dispuesto realizar un control de la recaudación del transporte público, avizorando de esta manera la necesidad de un sistema que subsidie al usuario. "Controlarles la caja es un avance importante", consideró el funcionario.
"Hasta ahora el empresario ha sido irresponsable respecto de la recaudación", definió Martínez Palau. Y explicó que los empresarios aportarán un sistema alternativa a la máquina de Red Bus para chequear si la cantidad de pasajeros que pasan la tarjeta electromagnética coincide con la cantidad de pasajeros arriba del colectivo. "Si logramos mejorar la recaudación mediante el pago del boleto, bajaría el fondo de contingencias", agregó.
Para controlar la recaudación, los empresarios de Autam propusieron al Gobierno dispositivos tecnológicos paralelos a la máquina de Red Bus en cada unidad, a la par de incrementar los inspectores. Cierto es que se filtró una realidad: en algunos recorridos, los choferes son amenazados o dejan pasar a una buena cantidad de pasajeros sin abonar, para evitar mayores problemas. Por eso, el Gobierno les garantizó a los empresarios que reforzarán la seguridad en algunos tramos.
Si al cruzar los datos surge una diferencia significativa, el Gobierno presionará a la empresa auditada. "Creo que tomaron conciencia de que si no se preocupan por la recaudación, el sistema se cae", definió Martínez Palau.
El vocero de Autam coincidió con el Gobierno. "Nos preocupa mejorar la recaudación y tratar de optimizar los recorridos", sostuvo Razquin, buscando aliviar de esta manera las tensiones que en otro tiempo hubo entre un Francisco Pérez ministro y los empresarios. "Fue una reuión amigable", definió Razquin y no es un detalle menor. Entre Pérez y Sergio Pensalfine, titular de Autam, han habido hasta peleas transmitidas por los medios de comunicación por las demoras del Gobierno provincial -en la era de Celso Jaque- en aportar a las empresas.
"Queremos ponernos en consonancia con el camino que ha trazado la Nación en cuanto al pago por pasajero", señaló el gerente técnico de Autam.
Por lo pronto, tanto funcionarios como empresarios estarán expectantes a la prueba piloto que se llevará a cabo en Capital y Provincia de Buenos Aires con el Sistema Unico de Boleto Electrónico, que definirá a su vez el esquema de subsidios que impactará en Mendoza.
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El presidente del bloque de senadores radicales, Armando Camerucci, presentará en los próximos días un pedido de Jury de Enjuiciamiento. Escuchá el audio de la nota en "Todas las Campanas" por Radio Noticias.
Para hacer la acusación, el radical se basará en el artículo 151 de la Constitución provincial que establece que la garantía de intangibilidad salarial de los magistrados no comprende "a los aportes que con fines de previsión u obra social se establezcan con carácter general".
El pedido de Jury (un tribunal especial conformado por los miembros de la Suprema Corte, siete senadores y siete diputados, debe juzgar si corresponde o no la remoción de los acusados) recaerá contra los magistrados Rafael Escot, Ricardo Mirábile, María Mercedes Herrera, Sofía Carolina Rivera y Raúl Ortiz, quienes firmaron la acción de inconstitucionalidad y una medida cautelar (para que el Estado les deje de descontar el 5% de sus salarios mientras se dirime la cuestión de fondo) que recayó sobre la Sala I de la Suprema Corte (que está conformada por Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Fernando Romano).
Camerucci utilizará el concepto de "intangibilidad" al que aduce el grupo de jueces para justificar el pedido de Jury. Es que el enmendado artículo 151 de la Constitución provincial (que fue reformado en 2005) sostiene que los jueces "gozarán de una retribución que se fijará por ley y no podrá ser disminuida mientras permanezcan en funciones".
Pero, además aclara: "En ningún caso esta garantía de intangibilidad comprenderá la actualización monetaria de sus remuneraciones mediante índices de precios y/o cualquier otro mecanismo de ajuste, ni la exención de los aportes que con fines de previsión u obra social se establezcan con carácter general".
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Lo anticipó el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar. "Tal como planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es necesario trabajar con políticas que protejan a los productores y la producción nacional", puntualizó.
El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yauhar, sostuvo hoy que el sector se encamina hacia "la creación de un Seguro Agropecuario Obligatorio".
"Tal como planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, es necesario trabajar con políticas que protejan a los productores y la producción nacional", puntualizó el funcionario a través de un comunicado.
Asimismo, y luego de haber recibido el informe de la Superintendencia de Seguros de la Nación, Yahuar destacó que "el mercado de seguros agropecuarios, en la campaña 2009-2010, reportó más de 800 millones de pesos de primas emitidas".
Con esa cifra, hubo "cerca de 19 millones de hectáreas aseguradas, que representan, aproximadamente, un 60 por ciento de la superficie sembrada del país".
"Entre los diferentes tipos de seguros, el más relevante es el de daños", siendo la cobertura que indemniza por las consecuencias provocadas por granizo la más difundida.
A este seguro tradicional se han incorporado otros riesgos, por ejemplo daños ocasionados por vientos fuertes, helada e incendio, comúnmente conocido como "adicionales" al granizo", remarcó Yauhar.
Fuente: NA
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Francisco Pérez recibió a los seis jefes comunales de la oposición: cinco intendentes de la UCR (Víctor Fayad, Capital; Alfredo Cornejo, Godoy Cruz; Ricardo Mansur, Rivadavia; Mario Abed, Junín y Gustavo Pinto, La Paz) y el único del PD, Jorge Difonso (San Carlos). Sobre el tema Gustavo Pintos expresó en Radio Noticias.
Les presentó los aspectos generales de un plan de viviendas que contempla doce líneas de financiamiento -público y privado- para atender las distintas demandas sociales y que cuenta inicialmente con 200 hectáreas de tierras fiscales para ser loteadas en la construcción de barrios.
El Gobernador ya ha confirmado que para conseguir los 400 millones de pesos extra que necesita para cumplir con el ritmo deseado de obra, emitirá un bono internacional por 100 millones de dólares.
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El mandatario dijo que es necesaria una nueva ley de sueldos. Fue en respuesta al revuelo que generó el aumento de 100% en la dieta de los legisladores nacionales, que pasaron a cobrar entre 30 y 35 mil pesos.
 Paco Pérez consideró que el sueldo del gobernador de Mendoza no está a la altura de las responsabilidades y el presupuesto que está bajo la dirección del jefe del Ejecutivo provincial. El mandatario reclamó “un sinceramiento” sobre el monto que debe cobrar un gobernador cuando un grupo de periodistas le pidió su opinión sobre el incremento del 100% de las dietas de los senadores y diputados nacionales, que llevará el sueldo a $35.000 por mes.
En tono de queja, Pérez defendió una recomposición de los salarios del Ejecutivo, incluidos los ministros. El sueldo del jefe político de la provincia es de alrededor de $12.000, mientras que el resto de los funcionarios están enganchados a los vaivenes del salario del jefe del gobierno.
El gobernador consideró necesario delinear una nueva ley de sueldos que reordene los haberes de los funcionarios públicos. De todos modos, rápidamente frenó el debate del tema porque “no es este el momento para dar esa discusión”.
La modificación de la ley de los sueldos públicos estuvo en los planes de Celso Jaque desde que asumió en diciembre de 2007, pero en los cuatro años de gestión no pudo avanzar en la norma que regula los ingresos del gobernador y los colaboradores que desembarcan en cada gestión. Este lunes, Pérez blanqueó que su administración mantiene la idea de avanzar sobre la ley de sueldos, aunque lo hará recién cuando las encuestas le garanticen que la medida no le generará ningún tipo de conflicto social.
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La canasta escolar aumentó un 20 por ciento.
